Uno de los pilares de los sistemas sanitarios o de asistencia sanitaria social es la garantía de la cumplimentación de las necesidades básicas de los usuarios sin discriminación. Esto tiene que ver con el acceso a los servicios, que estos sean cualitativamente suficientes, que estén actualizados y estandarizados por la evidencia científica.

La estandarización es fundamental, de una importancia notable, por lo que debe recibir la mayor atención sin desmerecer las demás características. Es lo que permite que en un ámbito geográfico y demográfico extenso, un usuario acceda directamente o disponga de los medios para acceder a la mejor opción terapéutica o al protocolo apropiado desde el punto de vista individual o colectivo.

La estandarización establecería que la garantía es total y amplia, el acceso es conveniente, y los resultados no dependen de la ubicación geográfica o del nivel socio-económico. Esto es básico porque la estandarización realmente democratiza, socializa la atención sanitaria y social.

Este tipo de sistemas siempre corre el riesgo de desequilibrar sus ofertas porque en general los recursos económicos no son infinitos, porque la gestión es negligente o carece de pericia, o porque la corrupción económico-política altera de manera significativa los principios de estandarización y garantía.

La traición de los principios de estandarización, calidad y garantía constituye en sí misma una forma de corrupción política, si el servicio depende del estado, difícil de demostrar en el ámbito legal, pero francamente evidente. Es una forma de sustracción de los bienes públicos (servicios ofrecidos), aunque exista el supuesto de que esa ausencia de estandarización, calidad y garantía no sea debida a esa desviación o sustracción de recursos.

El resultado final es una oferta engañosa que puede llegar a ser de tal magnitud que prácticamente ninguno de los servicios que se ofrece se cumple. Todo  el sistema termina siendo un cascarón de aspecto más o menos mediocre pero que además está vacío. En este caso, aspecto se refiere no sólo a la condición física o de infraestructura, sino también a los defectos de la estructura y la superestructura, que implica las carencias formativas de los agentes de gestión y ejecución del sistema, y del propio sistema en sí.

Mantener la estandarización y la garantía de servicios deben ser parámetros de calidad en cualquier evaluación de un sistema de asistencia sanitaria y social. El usuario además debería ser el evaluador directo de la asistencia y debería conocer cuál es su perfil de acceso a ese sistema, es decir, cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos. También debe conocer sus limitaciones, si existen, para hacer uso y disfrutar de esas garantías en igualdad de condiciones, en el momento apropiado y con calidad.

Por supuesto, el sistema debe también autoevaluarse para obtener feedback.

También constituye una forma de corrupción el mantener una oferta que no se materializa, ofrecer servicios que no se pueden cumplir, ser negligente o ignorante y mantener el ejercicio de un servicio de mala calidad, de una garantía incompleta o defectuosa, aumentando el riesgo para el usuario a niveles de letalidad.